El fracaso de las políticas de
drogas es un fenómeno conocido que se ha logrado posicionar en la agenda global
a partir de las declaraciones de la Comisión
global de políticas de drogas (formada por los
ex presidentes Cardoso, Gaviria, Zedillo, entre otros); el llamado de la OEA a revisar las
políticas de drogas como fenómeno regional; la legalización del
mascado de hoja de coca en Bolivia, el llamado a despenalizar las drogas en
Guatemala, Colombia y Uruguay y el caso del “gigante prohibicionista” de los
EE.UU, que al día de hoy permite el consumo médico en 19 estados y el
recreacional en Washington y Colorado.
A nivel nacional, los cada vez
mayores movimientos sociales organizados en torno a la despenalización del
cultivo (Movimental, No mas presos por plantar); la posición del Colegio Médico de
Chile, en cuanto a avanzar en regular y estudiar las
alternativas médicas que ofrece la cannabis
sativa; los casos que la prensa ha ventilado en sus líneas, como los del Dr.
Milton Flores, el animador Félix Soumastre, el actor Ariel Mateluna, los
productores y animadores Manuel y Sergio Lagos han contribuido a posicionar el
tema en la agenda local.
Desde la convención única sobre
estupefacientes de 1961 el fenómeno social del consumo de drogas se ha
enfrentado políticamente desde la prohibición
en gran parte de las sociedades del
mundo, y es precisamente la radicalidad de esa política la que ha causado más
males que los que el consumo de las propias drogas ha producido.
Así, la guerra contra las drogas ha
dejado 90.000 muertos en México desde 2005; 20.000 en Colombia, miles de
desplazados viviendo en las calles de Bogotá, 80.000 encarcelados por ley
20.000 en Chile (2012) y 2/3 del total de las mujeres en prisión en Chile, lo
están por ley 20.000, fundamentalmente por microtráfico y un larguísimo etcétera.
En las poblaciones más pobres, precisamente se producen indeseables efectos de
violencia, robo y mercadeo sexual para conseguir algo de pasta, que involucra a
nuestros ciudadanos en oscuros y profundos recovecos de nuestra sociedad
enceguecida por el dogma de prohibir lo que no queremos ver.
Todos estos hechos constituyen
violaciones flagrantes a los derechos humanos de quienes, que por diversas
razones consumen o comercian con drogas en mercados negros y termina en
cárceles o programas de rehabilitación impuestos por los tribunales.
Por lo tanto, se hace necesario
cambiar el enfoque de la política, desde la mirada policial a otra centrada en
lo sanitario al momento diseñar políticas
públicas. En el escenario político local, se podría avanzar bastante si
nuestros presidenciables se pronunciaran seriamente sobre la necesidad de
modificar la política pública sobre el consumo y uso de drogas.
Entendámonos. Nadie desea que se
consuman drogas ni que se favorezcan ese tipo de hábitos. Pero una buena
política de drogas debiera plantearse como objetivo la disminución de los daños a nuestra población y no el
castigo a quienes consuman. Debiera combatir el narcotráfico y no castigar a
quienes mantienen economías de subsistencia con el tráfico menor. Debiera
preocuparse por la calidad de la sustancia que corre en la calle, para
minimizar los daños de quienes consumen. Esta es la base del modelo de
reducción de daños, siendo una alternativa al prohibicionismo, que posee destacadas
dimensiones en Portugal, República Checa, Holanda, España, Suiza, Dinamarca,
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica e India.
Sin embargo, tímidamente nuestros
presidenciables se han pronunciado. Michelle Bachelet ha dicho que está
dispuesta a revisar la política de drogas, a cambiar de lista a la cannabis, y que
el autocultivo no está en el programa. Marco Enríquez ha planteado la reforma a la
política de drogas. Velasco y Gómez pese a que ya no compiten, se mostraron a favor de regular al menos el
consumo de cannabis. En el caso de la derecha,
Longueira alcanzó a negarse al debate y Allamand ambiguamente señaló que
“existe espacio para precisar esa legislación”.
Como sea, los cambios que se
esperarían para esto, debieran incluir al menos lo siguiente:
- No encarcelar personas por poseer, cultivar, portar o abastecerse con sustancias psicoactivas
2. Ofrecer
terapia solo a quienes la necesiten y no de manera masiva como se hace ahora.
- Permitir alguna opción de abastecimiento para el consumidor, ya sea el autocultivo, clubes de consumidores o estanco estatal.
- Asimismo, distinguir entre microtráfico y grandes traficantes, estudiando la proporcionalidad entre el delito y la pena.
- Entregar abundante información sanitaria, basada en evidencia científica, acerca de los reales efectos de estas sustancias (legales e ilegales) a la población, para favorecer la toma de decisiones informada.
Sergio Sánchez Bustos.
Médico Salubrista.
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